Guía de Formación Cívica - La Sociedad, el Derecho y el Pensamiento Político

1. El Racionalismo y el Pensamiento Contractualista

   Al referirnos al Racionalismo, hablamos de la época en la que la centralidad del pensamiento político-filosófico dejó de ser Dios y los pensadores empezaron a preocuparse de la naturaleza humana. Por cierto, justificar un sistema político como la monarquía absoluta, cuya razón de ser había sido la voluntad divina, se hizo casi imposible en el nuevo contexto. El filósofo inglés Thomas Hobbes (1588-1679) asumió este desafío y planteó que la naturaleza humana es depredadora, que el hombre sería “el lobo del hombre”. De esta forma, una convivencia en comunidad sería imposible a no ser por una suerte de Contrato Social tácitamente aceptado por todos, que delegaba la soberanía que radica en cada uno de los integrantes de la sociedad en la persona del monarca quien, a raíz de este contrato, estaría dotado de poderes prácticamente divinos o, al menos, incuestionables¹ .

   El filósofo inglés John Locke (1632-1704) no estuvo de acuerdo con la visión sobre la naturaleza humana de Hobbes, pero concordó con él en la idea del Contrato Social. Locke pensaba que el hombre sí era capaz de vivir en comunidad y que era de naturaleza pacífica. Por ello, el contrato social “firmado” por él daría lugar a una sociedad y a un sistema político que se caracterizaría por un monarca que también estuviese sometido a una Ley y que esta Ley fuera formulada por los ciudadanos (potestad legislativa), haciendo uso de su soberanía. El monarca se limitaría a gobernar y hacer cumplir la Ley (potestades ejecutivas y judicial). De esta manera, John Locke no solo es el padre de la idea de una Ley superior, llamada Carta Magna o Constitución Política, sino también de la forma de Estado, denominada Monarquía Constitucional, y de una incipiente teoría de la división de poderes.

   Locke fue leído por el francés Charles Louis de Secondat, Señor de la Brède y Barón de Montesquieu (1689-1755) quien complementó su incipiente teoría de la división de poderes, al establecer que deben separarse los tres poderes del Estado: el legislativo, el ejecutivo y el judicial.

   El científico y filósofo suizo Jean Jacques Rousseau (1712-1778) solo tuvo palabras de burla para Charles de Montesquieu a quien acusaba de “descuartizar al soberano”. Rousseau asumió la existencia de una voluntad general en el pueblo y que esta puede y debe ser interpretada por el gobernante de manera directa y sin intermediaciones. Este gobernante contaría con un mandato imperativo que implica que solo ejercería su gobierno mientras el pueblo tuviera la convicción de que él está interpretando de manera correcta su voluntad soberana. Este pensamiento político entró a la historia como la Teoría de la Democracia Directa o Democracia Radical y está presente hoy en día en la diversidad de las formas de organización, por ejemplo, al interior del movimiento estudiantil. Algunas de estas organizaciones no eligen representantes, sino que voceros con mandato imperativo.

2. Las corrientes políticas posteriores a las revoluciones liberal-burguesas: Conservadurismo y Liberalismo

   La innovación científico-tecnológica es una de las responsables de una gran revolución. Realizada principalmente por hombres pertenecientes a la clase llamada Burguesía, esta innovación permitió superar gradualmente viejas formas y prácticas de producción de alimentos y productos manufacturados. La Burguesía, haciendo uso del progreso tecnológico (por ejemplo, el telar mecánico o la máquina de vapor), impulsó el desarrollo industrial en sus países, adquiriendo gran riqueza económica, mientras la nobleza permanecía anclada al tradicional modo de producción vinculado a la posesión de tierras cultivables y a la servidumbre. Una consecuencia de esta Revolución Industrial es que la enriquecida Burguesía ya no se conformaba con su rol de súbdito en una monarquía absoluta. En alianza con los más desposeídos barrió con las monarquías de carácter absolutista llevando a cabo las Revoluciones Liberal-Burguesas.

   Si bien la Revolución Gloriosa de Inglaterra (1688) puede ser considerada como poco violenta, este no es el caso de otras revoluciones de tipo liberal-burgués como la Revolución de Independencia de los Estados Unidos de América (1765–1783) o la Revolución Francesa (1789/93)² . En reacción a lo sucedido en Francia, se constituyeron a comienzos del siglo XIX en toda Europa los primeros partidos políticos que representarían las dos principales corrientes de pensamiento político por el resto del siglo y protagonizarían sangrientas guerras civiles al final de él. El Conservadurismo lamentó profundamente la destrucción del poder de la monarquía, considerando que ello era sinónimo de la disolución de orden político naturalmente dado. Según los conservadores, el futuro cercano estaría caracterizado por la decadencia de la nación, a lo que proponen oponerse, conservando las tradiciones y el “estado natural de las cosas”³ .

   El Liberalismo de la época también pretendió anticiparse a cambios revolucionarios para prevenir la violencia asociada. Para ello, pone énfasis en los derechos de cada uno de los ciudadanos, plasmados en la Declaración de los Derechos Humanos y Civiles (1789) y en la 1era Constitución Política de la República de Francia (1791) que fija como forma de Estado una monarquía constitucional, es decir, una monarquía moderada y subordinada a una Carta Magna y controlada por una división de poderes. De esta forma, la Burguesía se libera de las restricciones propias de una monarquía absoluta y logra emanciparse frente a la antigua clase dominante, la aristocracia. Al poner énfasis en las libertades individuales y el derecho a la propiedad como derecho humano, creó el Estado Liberal, favorable a sus intereses tanto económicos como políticos⁴ .

3. La Cuestión Social y el Pensamiento Socialista

   La creciente industrialización provocó un aumento de las injusticias sociales y estructurales y al mismo tiempo fue creciendo la consciencia acerca de sus causas y consecuencias. Con ello, aparecen pensadores como Robert Owen (1771-1858) en Inglaterra, Henri Saint-Simon (1760-1826) en Francia y Ferdinand Lasalle (1825-1864) en Alemania, quienes no ven realizados los postulados de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad.

   La preocupación de estos autores por la “cuestión social” junto a su fe inquebrantable en el progreso tecnológico y la salvación a través de las ciencias, los hizo emprender un proyecto de transformación social. Robert Owen fue el primero en usar el concepto moderno de “socialismo” para expresar así su esperanza por una sociedad nueva, racional y cooperativa. En las fábricas hiladoras de su propiedad con hasta 2.200 trabajadores implementó medidas sociales y de seguridad laboral incomparables para su época. Creó bolsas de trabajo, seguros de cesantía y un sistema de trueque que evitaba ganancias para los intermediarios. Se convirtió en activista para implementar políticas sociales en toda Inglaterra y luchó por convencer a los empresarios de que este sistema de seguridad social garantizaba mayores ganancias al aumentar la productividad debido al bienestar de sus trabajadores. Pero sus proyectos, en especial el de una comunidad socialista en el Estado de Indiana en los EE.UU., fracasan debido a que su aproximación no fue sistémica. Sus empresas quebraron al no poder competir con aquellos que no quisieron distribuir parte de sus riquezas entre los trabajadores para mejorar sus condiciones de vida.

   Los alemanes Karl Marx (1818-1883) y Friedrich Engels (1829-1895) analizaron las estructuras del capitalismo resultante de la Revolución Industrial y concluyeron que eran esas las que generaban condiciones de vida cada vez más indignas para los trabajadores. Marx y Engels sostienen que las sociedades modernas están compuestas por clases, de las que algunas son dominantes y otras dominadas, por lo que se encuentran en una constante lucha.

   La pertenencia a la clase obrera (proletariado), campesina, burguesa (capitalista) o aristocrática dependía de la posición que se tenía frente a los medios de producción, es decir, si se posee o no. También depende de cómo cada uno obtiene su parte de la riqueza nacional. Las clases que son dueñas de los medios de producción se enriquecen, apropiándose de la plusvalía generada por los trabajadores asalariados. Estos últimos, despojados de los medios de producción, solo pueden vender su mano de obra en el mercado de trabajo para sobrevivir.Marx y Engels denominan a este proceso como “explotación”⁵ .

   Después de la muerte de Karl Marx en 1883, el político alemán Eduard Bernstein (1850-1932) propone revisar la teoría de Marx a la luz de las crisis económicas de la época. Bernstein es considerado el fundador del Pensamiento Revisionista y Socialdemócrata. Tanto el pensamiento socialista (marxista) como el pensamiento socialdemócrata (revisionista) están inspirados en la cuestión social y su objetivo es alcanzar una sociedad con justicia social. Lo que los diferencia y enfrenta es el camino para alcanzar esta meta. La teoría de Marx propone superar y sustituir el modo de producción capitalista, ya que genera injusticia estructuralmente al basarse en la explotación. En cambio, la teoría de Bernstein busca alcanzar una sociedad justa mediante el desarrollo y la humanización del capitalismo. Es en torno a este clivaje que se diferencia y complejiza el espectro de partidos políticos de carácter comunista, socialista y socialdemócrata.

   El pensamiento anarquista claramente comparte la preocupación por las condiciones de vida de los trabajadores, pero rechaza un argumento central del Socialismo Científico. Marx propone que los trabajadores deben tomar el poder mediante la revolución y convertirse en la clase dominante. Tal convicción de un gobierno de la mayoría entró a la historia con el concepto de “Dictadura del Proletariado” y es rechazado por el pensamiento ácrata y anarquista. Este propone la abolición de la dominación, cualquiera que sea, de toda autoridad, jerarquía o control social impuestos al individuo. Sus representantes más destacados son Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865) y Mijaíl Bakunin (1815-1876).

4. La Proletarización y el Estado de Bienestar

   La cuestión social también era una preocupación para el primer ministro de la Monarquía Constitucional alemana, Otto Eduard Leopold von Bismarck-Schönhausen, Príncipe de Bismarck y Duque de Lauenburg (1815-1898). El desarrollo industrial, la migración interna del campo a la ciudad y la concentración de obreros en los centros industriales y mineros no solo generaron una modificación significativa en la estructura social del país. Las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores y sus familias eran precarias y la situación de pobreza en la que vivía la mayoría de la población se hizo insostenible. Esto contribuyó a la toma de conciencia de la situación de explotación por parte de los trabajadores y el fortalecimiento de sus organizaciones y movimientos, proceso conocido como “proletarización”.

   En este contexto, Otto von Bismarck inauguró, en 1878, una práctica del ejercicio del poder y del control social que se caracterizó por la creación de un sistema de Protección Social, al mismo tiempo que se reprimió severamente a las organizaciones obreras mediante la ley “contra las tendencias amenazantes de la socialdemocracia”. Esta ley, denominada “Sozialistengesetz“ o “Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie“ fue despachada por el parlamento el 19 de octubre 1878 y contó con los votos tanto de los conservadores como de los nacional-liberales. La Ley fue promulgada por el Emperador alemán Guillermo I y tuvo vigencia hasta el 30 de septiembre 1890.

   Mientras su política, por un lado, tenía características distributivas que buscaban disminuir las tensiones políticas, el impacto de los movimientos obreros y el potencial revolucionario del proletariado, esta era acompañada por medidas represivas especialmente en contra de los partidos políticos de procedencia social obrera.

Esta política dividió a los trabajadores en dos grandes grupos:

- Empleados (muchos de ellos públicos) con sueldos estables, pensiones garantizadas que aseguraban un bienestar social en la vejez, beneficios y programas de recreación.
Eran trabajadores comunes en su estatus, muchas veces simbolizado por vestir uniforme, como era el caso de los empleados de las empresas estatales de ferrocarriles o de correos, su identificación y compromiso con el Estado y sobre todo por la prohibición de crear organizaciones de articulación de intereses obreros, tales como sindicatos u otras asociaciones obreras.
- Trabajadores que seguían viviendo en la miseria y laborando en condiciones infrahumanas, lo que incluía a las mujeres y en muchas oportunidades a los niños. Estos trabajadores se consideraban proletarios y mantenían la tendencia a la organización para luchar por sus derechos, por lo que fueron severamente reprimidos y sus partidos políticos prohibidos.

Estas prácticas del ejercicio del poder entraron a la historia política con la denominación de “Estado de Bienestar Bismarckiano” y su esencia es la distribución de poder adquisitivo y de beneficios sociales entre los trabajadores para evitar su adhesión a las ideas socialistas.

En Chile, el Estado de Bienestar Bismarckiano se plasmó en las primeras políticas sociales [respuestas públicas a los problemas sociales] del comienzo del siglo XX cuando fueron aprobadas leyes sociales que buscaban mejorar las condiciones de vida, tales como: la ley de habitaciones obreras en 1906, la Ley de Descanso Dominical en 1907 y la Ley de Accidentes de Trabajo en 1916, para nombrar solo alguna de ellas.
Este proceso de creación de políticas sociales culminó en 1924 con la aprobación de la ley que se refirió al contrato de trabajo y que, junto con otras disposiciones sobre materias laborales, constituyó la base del Código del Trabajo. La legislación laboral fijó la jornada de trabajo en 8 horas, limitó y protegió el trabajo de mujeres y niños, creó la Inspección del Trabajo y reglamentó las negociaciones colectivas. Esta nueva legislación social y laboral constituía un marco legal dentro del cual debían operar tanto las organizaciones sindicales como aquellas empresariales, así como las de conciliación y arbitraje en el caso de conflictos laborales. Dicha legislación otorgaba garantías y protección al trabajador asalariado junto con una serie de prestaciones sociales por parte del Estado, sin embargo, al mismo tiempo, limitaba el accionar de sus organizaciones en la lucha por sus derechos.

5. La “Gran Depresión” y el pensamiento Keynesiano

   El Estado liberal implicaba una estricta separación entre economía y política. A diferencia de algunas décadas después, el Estado no era un actor económico, sino mero garante de las reglas del juego que permitían que operaran las fuerzas del mercado y la libre competencia de las élites económicas. No obstante, el Estado Liberal jugó un rol fundamental en la destrucción de vestigios neofeudales de la sociedad colonial y en la reducción del poder económico de la Iglesia, requisito fundamental para permitir el desarrollo capitalista.

   Las estructuras económicas y comerciales internacionales favorecían a las economías de industrialización temprana, pero las economías periféricas, como las latinoamericanas, eran muy vulnerables a los desfavorables términos de intercambio. Los precios de las materias primas y de los productos agrarios en los mercados internacionales disminuían sistemáticamente y contrastaban con los altos costos de productos manufacturados. De esta forma, a nivel mundial, el volumen del comercio internacional se redujo paulatina, pero significativamente. Una decadente producción para la exportación en la periferia generó mayores índices de cesantía. La desocupación repercutió negativamente en el poder adquisitivo del mercado interno, generando un círculo vicioso que siguió aumentando el número de desempleados. La caída de la bolsa de Wall Street en Nueva York el “martes negro” (29 de octubre de 1929) fue nada más que la consecuencia del agotamiento de un modelo de desarrollo (basado en las ventajas comparativas) del Estado Liberal, debido al colapso del intercambio comercial a nivel global. Esta crisis económica mundial es conocida como la “Gran Depresión”.

   Chile fue particularmente golpeado por la crisis. Meses después de la caída de la bolsa (comienzos de 1931), los precios del principal producto de exportación chileno cayeron bruscamente. Como una consecuencia de la crisis económica, el comercio internacional había quedado paralizado, situación que fue agravada por el desarrollo de un procedimiento de elaboración sintética de diversos nitratos⁶ , entre los que se encontraba el nitrato de sodio, del que Chile había tenido prácticamente el monopolio mundial. En consecuencia, hacia 1933, el salitre desapareció como principal fuente de divisas del país. El cobre era otro mineral cuya importancia como fuente de divisas había crecido desde 1920; su precio cayó de similar manera, con lo que los valores de las exportaciones chilenas disminuyeron en un 84% en comparación con 1928-1929. La hiperinflación, la explosión de los índices de cesantía y la resultante inestabilidad de los gobiernos de la época fueron solo algunas de las repercusiones de la Gran Depresión en Chile.

   Los diversos gobiernos del mundo reaccionaron de diferentes formas ante el desafío de reactivar las economías nacionales, pero en todos ellos se produjo un cambio paradigmático en sus economías nacionales: perdió vigencia –o al menos hegemonía– la teoría económica clásica de la no interferencia del Estado con los asuntos económicos. Esta fue reemplazada por la nueva teoría económica de la intervención anticíclica del Estado en la economía nacional, cuyo principal promotor fue el inglés John Maynard Keynes (1883-1946).

   El pensamiento keynesiano, convertido en modelo de desarrollo, promueve una política de pleno empleo que tendría efectos estimuladores sobre la demanda, la que a su vez sería el factor clave para la reactivación económica, especialmente después de la crisis del 1929. En los Estados Unidos, el presidente Franklin Delano Roosevelt (1882-1945) se convirtió en el protagonista de este Nuevo Trato (New Deal, en inglés) que implicaba la promoción del crecimiento económico a través de inversiones estatales, financiadas de manera creciente por contraer una deuda pública. Otro pilar del pensamiento keynesiano es el rol fundamental del Estado en la prevención de las crisis económicas. Keynes pensaba que el Estado debía actuar cada vez que el ciclo económico lo requería. Cuando la economía crecía debía abstenerse de entrometerse, pero cuando decrecía, el Estado debía invertir y estimular las inversiones para amortiguar el impacto de la crisis. De esta forma, el Estado keynesiano es distinto al Estado de bienestar. Si bien ambos promueven la distribución de recursos en las masas populares, el Estado de bienestar lo hace de manera constante y para recuperar la estabilidad política, mientras el keynesiano lo hace de manera anticíclica y para recuperar la estabilidad económica.

   Con la llegada como Jefe de Estado de Pedro Aguirre Cerda, en 1938, las medidas de regulación estatal fueron profundizadas y el gobierno del Frente Popular inició la planificación de la economía nacional. Debido a la falta de una burguesía nacional que tuviera los medios y la voluntad de invertir en el proceso de industrialización del país, el Estado se convirtió en el agente principal de este, particularmente después de la creación de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), en 1939, iniciando la creación de empresas industriales.

6. El Fascismo y el Populismo en la época entre guerras

   El fascismo (el alemán, como el italiano y el japonés) utilizó tanto los principios del Estado de Bienestar Bismarckiano como las medidas propias de un Estado intervencionista keynesiano como respuesta a la Gran Depresión. La política social nacionalsocialista, cuyos beneficios estaban limitados a la “raza aria”, fue muy manifiesta y permitió la prosecución de metas de política interior como la eliminación del enemigo interno, a través de la penetración ideológica en la clase trabajadora y la promoción de una política revisionista del Tratado de Versalles de 1919.

   Los asalariados alemanes contaban con seguros sanitarios, seguros contra accidentes y enfermedades ocupacionales y disponían de sistemas de ahorro para viajes de recreación, mientras sus sindicatos fueron proscritos y las negociaciones colectivas inexistentes. Una vez asumidos el poder, los Nazis estatizaron los mayores bancos alemanes y comenzaron a planificar el desarrollo económico, primero mediante el “Nuevo Plan” (1934), posteriormente mediante planes de cuatro años. El Estado se convirtió en el único agente de control de la economía en la llamada “economía de guerra” a partir de 1942.

   De manera simultánea al totalitarismo fascista en Europa y Japón, en América Latina se produjo el fenómeno del autoritarismo populista. Si bien, Populismo y Fascismo son fenómenos distintos, esta no era mera simultaneidad. Ambos regímenes constituyen expresiones políticas de cambios económicos. El vínculo entre el Estado keynesiano y el Populismo es posible de establecer. Como se ha expuesto anteriormente, el Estado comenzó a intervenir la economía con el objetivo de amortiguar las cíclicas crisis del capitalismo, a través de estímulos tributarios e inversiones directas en momentos de estancamiento. Su principal propósito fue aumentar el poder adquisitivo de la población para así aumentar el consumo en el mercado interno; para esto, debió procurar el pleno empleo. Dichas políticas de carácter incluyente fueron un imperativo para salir de la crisis de los años 1930 y reactivar la economía, poco tuvo que ver con la voluntad o eventuales convicciones sociales de los líderes de Estado. Estos, sin embargo, tuvieron la habilidad de convencer de sus buenas intenciones a un gran movimiento de masas. De esta manera lograron superar barreras ideológicas y sumar grupos sociales diversos en apoyo a un plan nacional de desarrollo⁷ .

7. El Desarrollismo y el CEPALismo

   La derrota del fascismo europeo y japonés en 1945 cambió la constelación de fuerzas políticas a nivel mundial e inició la era de la Guerra Fría. Habían terminado tres décadas catastróficas para la humanidad que se habían iniciado con la Primera Guerra Mundial el año 1914, pasaron por la crisis de los años 1930 y culminaron con la vasta destrucción y la muerte de más de 50 millones de personas causadas por la Segunda Guerra Mundial. Los aliados contra el fascismo consideraron que el único fundamento de la paz duradera en el mundo residía en que todos los hombres libres del mundo pudieran disfrutar de una seguridad económica y social. Los 51 países que participaron en la creación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estaban decididos a promover el Desarrollo como medio para mejorar los niveles de vida y garantizar una libertad mayor. Con el objetivo de preparar la creación de las instituciones necesarias, los líderes de las potencias aliadas contra el fascismo se reunieron en el pequeño pueblo de Bretton Woods (New Hampshire, EE.UU.) y acordaron la creación de tres organizaciones supranacionales, adicionales a la ya existente Organización de las Naciones Unidas (ONU), de carácter político y cuyo objetivo era promover los acuerdos pacíficos entre naciones.

   - El Banco Mundial: de carácter financiero y cuyo fin era promover la reconstrucción después de la devastación producida por la guerra y promover el desarrollo de las naciones más pobres, ya que se entendía la prosperidad de todas ellas como única garantía para la paz mundial.
   - El Fondo Monetario Internacional (FMI): de carácter monetario que garantizara la estabilidad monetaria, garante de un fluido y estable comercio internacional.
   - La idea de un acuerdo comercial para realizar rondas de negociación que convirtieran en arancelarias todas las barreras no arancelarias y otros obstáculos al comercio internacional, que más tarde se plasmaría en el Acuerdo General de Comercio y Tarifas (GATT) que, a su vez, se convertiría posteriormente en la Organización Mundial de Comercio (OMC).

   El llamado sistema de Bretton Woods es producto de la emergencia de un nuevo tópico en la agenda pública internacional: el tópico del desarrollo. El capitalismo había sufrido una severa crisis económica y las consecuencias políticas de esta habían agravado los síntomas de su agotamiento. Los organismos creados en Bretton Woods nacieron con la tarea de devolver la estabilidad al sistema capitalista. Para cubrir las necesidades de los pobres y frenar la amenaza comunista, los Estados más desarrollados implementaron varios sistemas de bienestar y seguridad social, a parte de su opción keynesiana.

   En el año 1948, el Consejo Económico Y Social de Naciones Unidas creó cinco comisiones zonales con el propósito de contribuir al desarrollo económico, coordinar las acciones encaminadas a su promoción, robustecer las relaciones económicas de los países entre sí y con las demás naciones del mundo, junto con promover el desarrollo social. Una de ellas fue la Comisión Económica Para América Latina y El Caribe (CEPAL).

   Sobre la base de las experiencias de los países latinoamericanos al interior de la CEPAL, los investigadores, en especial su Secretario Ejecutivo entre 1950 y 1963, Raúl Prebisch (1901-1986), desarrollaron un posicionamiento en la economía política que se distancia de la teoría clásica del comercio exterior y su concepto fundamental de la ventaja comparativa de costos de producción. Las investigaciones de la CEPAL respaldaban la afirmación de que las economías periféricas no compiten en condiciones iguales y con sus propias ventajas comparativas frente a las naciones industrializadas. Por al contrario, sostenían que el mundo estaba dividido en un centro y una periferia con características que generan una dependencia entre ambos y distribuyen los beneficios del comercio internacional de manera muy desigual entre países industrializados y no industrializados. Este pensamiento, que entró a la historia como el “CEPALismo”, plantea que la única vía hacia un desarrollo económico y social de los países latinoamericanos requiere necesariamente de cambios paulatinos de las estructuras políticas y económicas a nivel global.

8. La Alianza para el Progreso y el Pensamiento Social-Cristiano

   La revolución cubana de 1959 cambia la correlación de fuerzas y los movimientos revolucionarios emergen en varios países latinoamericanos. Debido a ello, la política bismarckiana de control social que había adquirido las más diversas formas en los diferentes países y gobiernos, adquiere carácter internacional y con ella las políticas distributivas. En agosto del 1961, representantes de los gobiernos latinoamericanos firmaron (en Punta del Este) la “Declaración de los Pueblos de América” y el presidente norteamericano John F. Kennedy prometió apoyar la “revolución pacífica de la esperanza” con miles de millones de dólares. Esta “Alianza para el Progreso” fue un programa de apoyo económico para el desarrollo de América Latina que debía durar 10 años. Se convirtió principalmente en un vehículo para canalizar capital norteamericano a los países latinoamericanos con el objetivo de acelerar la integración económica y social, de incentivar el sector privado para reactivar la economía, de posibilitar reformas educacionales, la democratización y sobre todo la Reforma Agraria.

   La “Alianza para el Progreso” presentó las mismas características que las políticas bismarckianas, solo que a nivel continental, y no tuvo otro propósito que el de la estabilidad política en los países asociados y el debilitamiento de los movimientos revolucionarios del continente.

   También la Iglesia Católica sufrió una transformación doctrinaria a raíz de los acontecimientos políticos de los años 1950 y 1960. Sus orígenes se encuentran en la encíclica “Rerum Novarum” del Papa León XIII (1891). Este también reaccionó ante la emergente “cuestión social”, tal como lo hicieran sus sucesores: Pío XI a las condiciones laborales con “Quadragessimo anno” (1931) y Juan XXIII a la situación del campesinado en “Mater et Magistra” (1961). Pero no fue sino recién durante el Concilio Vaticano II (1962-65) y en la Conferencia Episcopal de Medellín (1968), que la Iglesia Católica desarrolló su Doctrina Social tomando la “opción por los pobres”, emprendiendo la lucha por la superación de la pobreza y la miseria de la mayoría de la población para recuperar la paz de las sociedades latinoamericanas. Mientras la institución eclesiástica dio un ejemplo y repartió tierras de su propiedad a campesinos pobres, iniciando así la Reforma Agraria, otros sacerdotes interpretaron la Doctrina Social de una manera más radical y desarrollaron la Teología de la Liberación.

En Chile, la emergencia de la Democracia Cristiana con un programa de reformas sociales y económicas llamado “Revolución en Libertad”, liderado por el gobierno de Eduardo Frei Montalva, con una política de “promoción popular” que sustituyó las anteriores alianzas de centro-izquierda en la promoción de políticas reformistas y modernizantes, son expresiones chilenas de esta doctrina social de la Iglesia Católica y de la distribución de riquezas a escala continental. Representan un conjunto de reformas que buscaban priorizar los cambios paulatinos a los cambios revolucionarios de carácter sistémico.
De igual manera que promovieron la superación de la pobreza urbana, los partidos de izquierda, la Democracia Cristiana y la Iglesia Católica hicieron hincapié en el imperativo de un cambio profundo en la estructura agraria a través de la gestión de nuevas relaciones de propiedad de la tierra y de recursos esenciales como el agua, aunque claramente se diferenciaban respecto de la profundidad de los cambios planteados. Para algunos, el objetivo de la reforma era aumentar la producción nacional para abastecer la población y sustituir las importaciones de alimentos; para otros, además, era fundamental que la tierra beneficiara a quien la trabaja, facilitar créditos accesibles para pequeños agricultores, ofrecer apoyo técnico y en semillas y abono, apoyar la comercialización, mejorar la infraestructura y en oportunidades unir a pequeños productores en cooperativas. En este mismo sentido la 1era Conferencia Internacional sobre Reformas Agrarias, en 1951, había exigido una Reforma Agraria que fuera más allá que la distribución de la tierra cultivable.

9. El Agotamiento del Modelo de Desarrollo basado en el Pensamiento Keynesiano

   Los créditos otorgados por las instituciones de Bretton Woods le habían devuelto un gran impulso al modelo keynesiano de desarrollo en países de economías periféricas donde éste había adquirido las características de un proceso de Industrialización Sustitutiva de Importaciones (ISI) y de diversificación de la producción, debido a que estas economías nacionales seguía imposibilitadas de acceder a importaciones desde los países industrializados.

   El pensamiento keynesiano procuraba sustituir la importación de los productos de consumo por aquellos su elaboración en la industria nacional, pero este modelo de desarrollo se enfrentó a serios problemas como la falta de bienes de inversión industrial y la falta de tecnología. Ambos tenían que seguir siendo importados. Los productos de origen nacional eran de inferior calidad y de mayor costo de producción por lo que no podían competir con los importados. La consecuencia lógica fueron aranceles aduaneros altos para encarecer los productos importados y proteger la industria nacional, generando dos nuevos problemas: Los productos nacionales sólo podían abastecer el mercado interno, fuertemente restringido y rápidamente saturado. Su exportación fue imposible debido a los aranceles proteccionistas de las otras economías periféricas que adoptaron las mismas medidas. El segundo problema consistía en el desincentivo al aumento de la productividad debido a la protección de la producción nacional frente a las importaciones que impidió una verdadera competencia de los productos chilenos con los extranjeros. En consecuencia, el modelo de desarrollo que se basaba en el pensamiento keynesiano había servido para rescatar la economía mundial de su colapso en 1929, pero definitivamente se estaba agotando a comienzos de los años 1970.

   Durante los meses de septiembre y octubre 1973 se produjo un hecho de gran envergadura. La cuarta guerra árabe-israelí, la guerra de Yom-Kippur, provocó la solidaridad de los países exportadores de petróleo, organizados desde 1960 en la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP), quienes decidieron bajar sus cuotas de producción en cerca de un 5 por ciento para aumentar el precio del crudo en un 70 por ciento. El efecto fue la llamada “crisis del petróleo”, sin embargo, ésta se relaciona con el aumento del precio del petróleo de la misma manera que lo hizo la crisis del 1929 con la caída de la bolsa de Wall Street. Ambos fenómenos no constituyen causas de las dos mayores crisis económicas del siglo XX, sino constituyen hitos históricos que marcan fines de una era, agotamientos de modelos y de teorías, cambios paradigmáticos de gran significado para el desarrollo de las sociedades.

   En Chile el modelo de desarrollo “hacia adentro” con una intervención anticíclica de la economía por parte del Estado Keynesiano, implementado desde el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, experimentó una profundización cuando, en 1970, Salvador Allende, de convicciones socialistas, asumió la Presidencia de la República. El gobierno de Allende accedió al poder democráticamente, iniciando un proceso de transformación: la vía chilena al socialismo. El programa de la Unidad Popular prometió nacionalizar los recursos naturales del país y su extracción, intensificar la reforma agraria, controlar el comercio exterior y reemplazar las políticas distributivas de excedentes por políticas re-distributivas, es decir, por una política de cambio de los patrones de acumulación. De esta forma, si bien la Unidad Popular fue una coalición compuesta por casi los mismos partidos políticos que el Frente Popular, su programa se distinguía esencialmente del de aquella coalición. Los principios re-distributivos implicaban la expropiación de medios de producción, tanto del sector privado nacional como del capital extranjero, y tuvieron gran impacto simbólico-político para la región latinoamericana por la implementación de un proceso de transformación hacia el socialismo en el contexto de la Guerra Fría.

   Pero esta “vía chilena al socialismo” fue iniciada en el más adverso de los contextos históricos, caracterizado por un modelo de desarrollo que se encontraba en decadencia. Las dificultades anteriormente expuestas hicieron fracasar el modelo de industrialización sustitutiva de importaciones que fue acompañado por políticas y reformas de carácter incluyente y emancipatorio para los subalternos. El agotamiento de la ISI provocó una recesión económica, un aumento del desempleo y una inflación superior al 20% en todas las regiones del mundo. La teoría keynesiana de la intervención anticíclica en la economía por parte del Estado, que había sido adoptada e implementada prácticamente por todos los países de occidente con la intención de fortalecer el sistema capitalista frente al de los socialismo “reales”, sucumbió ante sus propias contradicciones estructurales. Al igual que en otros países con economías periféricas, el nacionalismo económico nunca logró superar la (inter-)dependencia económica internacional, por lo que atribuir las dificultades económicas y sociales, así como la derrota política, del proyecto socialista a decisiones del gobierno de la Unidad Popular puede constituir un error analítico. Tampoco es plausible adjudicar como causa única del golpe de Estado en Chile a la alta polarización política generada por el proyecto socialista de Allende, ya que este argumento no explica los golpes de Estado que se suscitaron casi simultáneamente en otros países del Cono Sur y que también culminaron en regímenes autoritarios burocráticos-militares.

10. La crisis del petróleo y el Pensamiento Neoliberal

    La crisis del petróleo marca el fin de la era keynesiana y de un modelo de desarrollo “hacia adentro” que distribuía riqueza entre las masas o consumidores con los más diversos fines. El nuevo pensamiento hegemónico culpa al keynesianismo de la crisis de 1974 y propone una disminución del rol del Estado en la economía y el ámbito social, y la redistribución de las riquezas hacia las élites.

    Los pensadores que se venían aglutinando en torno a la Sociedad Mont Pelerin y el Ordoliberalismo alemán, en particular a Milton Friedman (1912-2006) y Friedrich August von Hayek (1899-1992), vieron en la crisis del petróleo su oportunidad para implementar propuestas para reformas económicas estructurales de carácter liberal-ortodoxo. Estas, sin embargo, implicaban orientar el modelo de desarrollo “hacia afuera”, liberalizar los mercados (laboral, financiero, comercio exterior etc.) y excluir de los beneficios del desarrollo a las grandes masas de trabajadores que vieron mejorada su calidad de vida y su capacidad de negociación durante la era keynesiana. Excluir y quitar los beneficios ganados requirió de un Estado fuerte y autoritario, por lo que los golpes de Estado y las juntas militares emergieron casi simultáneamente y, en muchos casos, sin una polarización política como la chilena o un proyecto de transformación socialista como el de la Unidad Popular.

    La reestructuración económica neoliberal, los Programas de Ajuste Estructural y el posterior Consenso de Washington constituyen principios rectores en la actuación de las dictaduras latinoamericanas. Durante las décadas de los 70 y 80 del siglo XX, se produce una “paradoja neoliberal” plasmada en una doctrina que busca disminuir las funciones del Estado, pero requiere de un Estado autoritario para ser implementada.

    Ciertamente, la caída del muro de Berlín en 1989, como hito histórico que representa el final de la era del Socialismo real en Europa del Este, significa un impulso extraordinario para extensión de las reformas estructurales a nuevas regiones del mundo y su profundización en los países que no contaban con las favorables condiciones otorgadas por los regímenes autoritarios burocrático-militares. No solo los países del ex bloque socialista sufrieron rápidas y radicales conversiones a una economía de mercado, también los propios países de Europa Occidental por fin encontraron argumentos suficientes para desmantelar, en condiciones democráticas, junto al Estado keynesiano su Estado de Bienestar.

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Notas a pie de página

1. Este monarca absoluto podría compararse con Dios hecho carne y hueso, como un monstruo de las profundidades del mar, llamado Leviatán. Así Hobbes justificó la existencia de la Monarquía Absoluta sin recurrir al argumento desgastado de la voluntad divina.
2. La última, incluso, es recordada por períodos de pronunciada violencia y terror revolucionarios.
3. Se destaca entre ellos el inglés Edmund Burke (1729-1797) cuya convicción era promover cambios evolutivos en vez de revolucionarios, junto a una autoridad incuestionable y la disciplina para mantener la cohesión de la nación y anticiparse a que se repitieran las crueldades vividas en la revolución.
4. Uno de los representantes más destacados del Liberalismo en Inglaterra, John Stuart Mill (1806-1873), fue el primero en reconocer el rol del bienestar de la llamada “cuarta capa social”, preocupación que posteriormente sería denominada “Cuestión Social”.
5. La explotación dota a las clases poseedoras de medios de producción de poder económico que han sabido traducir en poder político. De este modo la política (supraestructura) no es otra cosa que la lucha por mantener o cambiar las estructuras económicas (infraestructura). Todo este pensamiento entró a la historia con la denominación de “Socialismo Científico”, para diferenciarlo del pensamiento de Owen, Saint-Simon y Lasalle que recibió el nombre algo peyorativo de “Socialismo Utópico”.
6. Procedimiento desarrollado por la empresa BASFy patentado en 1910 por los científicos alemanes Fritz Habery Carl Bosch.
7. Los exponentes más destacados del Populismo fueron el Aprismo de Víctor Raúl Haya de la Torre (1895-1979), en Perú; el Cardenismo de Lázaro Cárdenas (1895-1970), en México; el Estado Novo de Getulio Vargas (1882-1954), en Brasil; el Peronismo de Juan Domingo Perón (1895-1974), en Argentina, y el Velasquismo de José María Velasco Ibarra (1893-1979), en Ecuador. Menos pronunciado, además de tardío, pero claramente haciendo parte de la categoría populista, es el caso del segundo gobierno de Carlos Ibáñez del Campo (1877-1960) en Chile. Todos ellos se apoyaron en un discurso nacionalista que fue capaz de superar las barreras ideológicas y de aglutinar el apoyo a un plan nacional de desarrollo, tanto de elementos de derecha como de izquierda.